Se cae la candidatura del priísta Roberto Luévano, rumbo a la Presidencia Municipal de Guadalupe; la Función Pública lo inhabilitó.
A menos de cinco días de la fecha límite para el registro de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Zacatecas,
Roberto Luévano Ruíz, aspirante a la Presidencia Municipal de Guadalupe, por la coalición PAN-PRI-PRD, “Fuerza y Corazón por Zacatecas”, fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo por la Secretaría de la Función Pública.
Para tal efecto, existe una resolución derivada del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los ex funcionarios públicos Roberto Luévano Ruíz, Erika Janeth Ortega Sánchez y Marco Fabrizio Sánchez Sánchez, quienes fungieron como secretario de Desarrollo Social, directora de Fondos y Proyectos para el Desarrollo Social y como jefe de Departamento de Cartera Vencida, respectivamente, durante el periodo de gobierno del priísta Alejandro Tello Cristerna.
Según el resolutivo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Unidad de Investigación y Faltas, se determinó sancionar a Luévano Ruíz con la inhabilitación por un año para desempeñar cualquier cargo público, según lo estipulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas que en su Artículo 75, párrafo IV que señala como, «inhabilitación temporal no menor de 3 meses y no mayor a un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública».
Por lo anterior, las posibilidades de Roberto Luévano Ruiz de asumir la candidatura a la Presidencia Municipal de Guadalupe, son prácticamente nulas.
Sobre el priísta recaen señalamientos como el endeudamiento del Municipio de Guadalupe durante su mandato como presidente Municipal (2013-2016) por el orden de los 180 millones de pesos, de los que, -a la fecha- se han pagado ya 130 millones de pesos tan sólo de intereses y 100 millones de pesos de capital, existiendo aún un saldo de 80 millones que se terminarán de pagar hasta el 2029 con un estimado que supera los 50 millones de pesos de intereses en perjuicio del erario público municipal.